Aprueba Senado actualización del tratado de extradición México-Brasil; sustituye al de 1933

Aprueba Senado actualización del tratado de extradición México-Brasil; sustituye al de 1933

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Número - 1290

• Fue adecuado a las nuevas disposiciones en materia de justicia entre ambos países.

Con 101 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó la actualización del Tratado de Extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Federativa del Brasil, firmado en la Ciudad de México el 28 de abril de 2023, que abroga y sustituye al signado por esas naciones en diciembre de 1933.

El tratado, que fue turnado al Ejecutivo Federal, consta de 26 artículos en los que se especifica el compromiso de las partes firmantes a entregar a aquellas personas que se encuentren en su territorio y sean requeridas para ser sujetas a un proceso penal, o para la imposición o ejecución de una sentencia que implique la privación de la libertad.

Especifica las causas por las que se denegaría la extradición, entre las que están que la conducta por la que esto se solicite sea considerada como un delito político o un delito militar, o si se determina que la solicitud de extradición de una persona se da para perseguirla o castigarla por motivos de raza, género, orientación sexual, religión u opiniones políticas.

También enlista el tratado la información y documentación necesaria para que las partes hagan solicitudes de extradición, lo aplicable en caso de que se fugue la persona extraditada, además de la compatibilidad de este con otros tratados internacionales.

El documento destaca que México y Brasil han construido a lo largo de casi dos siglos, lazos de amistad y cooperación que han acercado de manera creciente a sus pueblos y gobiernos.

Por tanto, durante la IV Reunión de Cooperación Consular México-Brasil, celebrada en mayo de 2011, la delegación brasileña destacó su interés de actualizar el marco jurídico entre los dos países.

En particular, destaca, el Tratado de Extradición, con el fin de actualizarlo y con ello responder a cambios relevantes que las legislaciones internas de ambos países han experimentado en las últimas décadas en materia de procuración de justicia.