La recesión democrática y el acceso a la información pública

En el lapso de 15 años, entre 2004 y 2017, la mayoría de países de la Región aprobaron leyes de acceso incorporando los mejores estándares internacionales que estaban recogidos en la llamada Ley Modelo de Acceso a la Información de la OEA, adoptada por la 40 Asamblea General de la OEA en junio de 2010.

Bien puede señalarse que esta ola fue un fruto maduro de la consolidación de los sistemas democráticos en la casi totalidad del Hemisferio. No obstante, en los años más recientes, esa ola parece haber finalizado y hemos pasado a un momento, al cual varios politólogos describen como una "recesión democrática". El término engloba al fenómeno de gobiernos que llegan al poder utilizando las instituciones democráticas, pero luego desarrollan rasgos autoritarios que se manifiestan en la concentración de poder y desmontaje de los sistemas de pesos y contrapesos, incluyendo la toma del poder judicial. Reformas constitucionales destinadas a reforzar el poder presidencial y incluyendo la reelección indefinida y el control de los órganos electorales. El cuadro se completa con la estigmatización, represión y anulación de las voces opositoras y críticas.

En algunos países de la Región, el modelo autoritario se ha profundizado de tal forma que es difícil reconocer algún elemento democrático y se ha extinguido la posibilidad de tener elecciones mínimamente competitivas. En ese contexto, entre los derechos más afectados están los agrupados bajo el concepto de libertades informativas, incluyendo las libertades de expresión y de prensa y el acceso a la información pública.

Si bien a escala regional, la OEA completó un hito importante con la aprobación de la Ley Modelo 2.0 para incluir al entorno de gobierno digital y abierto, lo cierto es que el Acceso a la Información Pública ha tenido importantes retrocesos que ha convertido en letra muerta a la mayoría de legislaciones aprobadas durante la ola de avances anteriores. Esta situación ha sido ha sido evidente y ha sido documentada por la sociedad civil. Durante la pandemia de la COVID-19, los gobiernos han blindando la información pública sobre la misma gestión de la pandemia, sobre el manejo del sistema sanitario, sobre los contratos del sector sanitario. Se han aceptado e introducido invasivas cláusulas de confidencialidad en los acuerdos con los laboratorios productores de las vacunas. A todo lo cual, se debe sumar la existencia confidencial de listas VIP y, en general, predominio de la opacidad en los programas de vacunación.

Podríamos sumar más hechos en esta lista, sin embargo, lo importante es dejar sentada la correlación entre limitación de libertades democráticas, estados de excepción y retrocesos en libertades civiles y políticas que hemos observado durante el último año y medio que hemos debido afrontar la propagación de la COVID-19. Las limitaciones de Acceso a la Información Pública, se tornan aún más peligrosas si las situamos en el contexto de esa otra pandemia que ha debido afrontar el mundo: el de la infodemia y la desinfodemia. Es decir, por un lado la saturación de información de baja calidad y, por otro, la viralización de desinformación incluyendo teorías de conspiración sobre la vacunación.

Al parecer, no se ha entendido que frente a la desinformación el antídoto más efectivo es un mayor acceso a la información pública. Más bien, se ha tratado de combatir la pandemia de desinformación con propuestas de legislación y medidas restrictivas.

En ese contexto, el papel de la sociedad civil y de los medios de comunicación se torna más importante que nunca. Podemos decir que ese rol se torna crítico para construir muros de democracia frente a los avances autoritarios, para exigir transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas y para visibilizar los asedios que sufren estas libertades fundamentales en toda la Región.

¿Cómo hacerlo? Con lucidez y valentía. Sabiendo que aún en momentos de recesión democrática es posible seguir proponiendo y pensando en el horizonte de avances en cuanto a derechos fundamentales y aplicación de los mejores estándares internacionales. Ya lo dice el viejo refrán popular: "no hay mal que dure 100 años". Es seguro que más pronto que tarde, el momento de estancamiento y retrocesos dará pasó a otro de bonanza y avances en el acceso a la información pública. Y para eso debemos reflexionar y conmemorar en este Día.