La IV Encuesta sobre desplazamiento en Colombia revela la necesidad de avanzar hacia soluciones duraderas para la población desplazada

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BOGOTÁ - Este jueves 25 de abril, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado realizó la presentación la IV Encuesta Nacional de Verificación sobre las condiciones de vida y el goce efectivo de los derechos de la población desplazada en Colombia, adelantada entre mayo y agosto de 2023 con entrevistas a 9.715 hogares de población desplazada y 1.982 hogares de población vecina, en 80 municipios de 6 regiones* de Colombia.

Los hallazgos de la IV Encuesta de Verificación muestran avances importantes en ciertos derechos, pero también la persistencia de la grave situación de la población desplazada, particularmente en los derechos relacionados con la sostenibilidad socioeconómica de los hogares, los enfoques diferenciales y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

La IV Encuesta muestra que 76.1% de los hogares con población desplazada en Colombia está en situación de pobreza monetaria. En estos hogares, el 80.6% tiene jefatura femenina. Asimismo, se encontró que 40.3% de los hogares con personas desplazadas está en pobreza extrema. En éstos, por etnia, un 48% tiene jefes de hogar afrocolombiano, negro, raizal o palenquero y un 44% jefes de hogar de pueblos indígenas.

Un indicador que evidencia también la gravedad de la situación de la población desplazada es su derecho a la alimentación. Las cifras son contundentes: 45.3% de las personas desplazadas consumió menos alimentos de los que deseaba por no tener acceso a ellos. 42.8% se quejó de hambre por falta de alimentos o de dinero para comprarlos. 42.4% dejó de consumir al menos un desayuno, almuerzo o comida durante la semana anterior a la Encuesta. 49.9% de las mujeres desplazadas consumió menos de lo que deseaba por falta de alimentos o dinero.

Respecto al desempleo y la informalidad, la IV Encuesta encontró que 8 de cada 10 personas víctimas de desplazamiento forzado se encuentran en la informalidad laboral, siendo la tasa de desempleo del 17.6% (14.8% para hombres y 21.3% para mujeres), mientras la tasa de informalidad es de 82.4% (81.3% para hombres y 84% para mujeres).

Sobre los ingresos, en un rango de población desplazada que está ocupada, 2 de cada 10 hombres y casi 3 de cada 10 mujeres ocupados reciben ingresos laborales inferiores a la cuarta parte de 1 Salario mínimo; 21,8% recibe ingresos laborales mayores a 1 Salario Mínimo y 10.9% recibe ingresos laborales cercano a 1 Salario Mínimo. La Encuesta muestra que el 58.5% de los hogares desplazados encuestados se vio en la necesidad de endeudarse y 37% de los hogares tiene al menos una persona con acceso a algún producto financiero.

Frente al derecho a una vivienda digna, solo 15.5% de los hogares desplazados cuenta con una vivienda digna. Comparado con los resultados de las encuestas anteriores, respecto a la III Encuesta de 2010 de la Comisión de Seguimiento, este indicador ha mejorado: en 2010, solo un 10.5% de la población desplazada tenía una vivienda digna. La principal restricción para que los hogares desplazados accedan a una vivienda digna es la seguridad jurídica: los hogares no habitan en viviendas propias con escrituras registradas o con arrendamientos escritos.

También se encontró que solo un 5.2% de los hogares desplazados desea retornar al lugar de origen y el 74.9% desea permanecer en el lugar en el que vive en la actualidad, siendo prioritario avanzar en la integración local urbana de la población desplazada.

Respecto al derecho a la educación, el 51.1% de la población desplazada mayor de 27 años tiene bajos niveles educativos: 11.3% no tiene ningún nivel educativo y 39.8% tiene como máximo nivel algún grado de preescolar o básica primaria.

Un dato relevante es que la calidad de vida y el goce efectivo de derechos de la población desplazada son aún inferiores, en promedio, con relación a la población vecina de referencia, que ya de por sí tiene altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica.

Sobre las indemnizaciones por desplazamiento forzado, se encontró el 54.4% solicitó indemnización; el 76.7% de las solicitudes de indemnización se encuentran en trámite y 3.7% de las indemnizaciones fueron negadas.

Para Mireille Girard, Representante de ACNUR en Colombia, "el país está en un momento crucial para buscar soluciones duraderas para las víctimas del desplazamiento forzado. La IV Encuesta es un insumo fundamental para conocer sobre esta situación y tomar decisiones acertadas. Nos muestra que hay avances y estancamientos, pero sobre todo oportunidades para solucionar la situación de millones de personas".

Marco Romero, Director de CODHES, señala que el "reconocimiento de la gravedad de la crisis social y humanitaria del desplazamiento forzado y los vientos favorables desde la institucionalidad para mejorar la respuesta a la crisis, coinciden hoy con el llamado de las Naciones Unidas para buscar soluciones integrales y duraderas más allá de las orientadas a superar la crisis humanitaria y la justicia transicional".

La IV Encuesta se realiza luego de 13 años de la última adelantada por la Comisión de Seguimiento, en el marco del monitoreo desarrollado por esta instancia sobre los resultados de las políticas públicas estatales para garantizar los derechos de las víctimas del desplazamiento en el proceso de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte hace 20 años, a través de la Sentencia T-025 de 2004.

La IV Encuesta Nacional de Verificación 2023 se realizó con el apoyo de ACNUR, en torno a la necesidad de revisitar la crisis del desplazamiento forzado desde el enfoque de Soluciones Duraderas de Naciones Unidas.

La Comisión de Seguimiento ha elaborado 4 Encuestas de Verificación en 2007, 2008, 2010 y 2023, y una Encuesta en 2013 en colaboración con la Contraloría General de la República.

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento está conformada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES); Dejusticia; Pastoral Social; la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombiana (CNOA); la Casa de la Mujer y Viva la Ciudadanía.

El informe La persistencia del estado de cosas inconstitucional a veinte años de la Sentencia T-025 de 2004: IV Encuesta Nacional de Verificación de Goce Efectivo de Derechos de la Población Desplazada por el Conflicto Armado en Colombia está disponible en el sitio web de CODHES.

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