Día Mundial de la Libertad de Prensa: la situación en América Latina y el Caribe

América Latina vuelve a ser el escenario elegido para las actividades por el Día Mundial de la Libertad de Prensa y un repaso por la situación de la región se vuelve necesario. La Federación Internacional de Periodistas alerta sobre los crecientes desafíos que enfrentan lxs trabajadorxs de los medios de comunicación en el continente y demanda que las autoridades de los países de la región establezcan la defensa de la libertad de prensa como parte de sus compromisos democráticos.

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En un nuevo Día Mundial de la Libertad de Prensa, es imprescindible realizar un repaso por la situación de América Latina y el Caribe, en donde las restricciones a la labor periodística muchas veces tienen un correlato de violencia que no ha sido posible resolver aun en numerosos países del continente. Asesinatos, persecución judicial, amenazas, represión e impedimentos son algunas de las formas que toman los ataques a la libertad de prensa en la región.

México, que en 2022 fue el país sin guerra más peligroso del mundo para lxs periodistas, en 2023 registró una baja considerable en la cantidad de asesinatos. Siete periodistas perdieron la vida en circunstancias violentas, pero solo tres de esos casos continúan siendo investigados sin descartar el trabajo periodístico como posible móvil: Gerardo Torres Rentería, Luis Martín Sánchez Iñíguez y Nelson Matus Peña. Si bien el descenso de casos es una buena noticia, no deja de alarmar que los crímenes continúan sucediendo y que la tasa de impunidad sigue siendo de las más altas de la región: 95% de los ataques mortales contra periodistas no se resuelven. En lo que va de 2024 solo se lleva registrado un caso, el de Roberto Figueroa, sobre el cual la fiscalía ya aseguró que la línea de investigación más concreta es la vinculada a su trabajo como periodista.

En Colombia hubo un marcado crecimiento de las amenazas a periodistas en regiones del interior del país tales como Córdoba, en donde fue asesinado el periodista independiente Luis Gabriel Pereira en 2023. Fue allí también donde ocurrió el crimen del periodista ambiental Rafael Emiro Moreno en 2022. Los ataques y amenazas, que provienen mayormente del crímen organizado, han generado desiertos informativos, ya que lxs trabajadorxs de prensa recurren a la autocensura y el cierre voluntario de medios y transmisiones. Las precarias condiciones de trabajo, a menudo voluntario, de lxs periodistas comunitarixs, aumentan el riesgo al que están expuestxs.

En Guatemala, en 2023 fueron asesinados tres periodistas en circunstancias muy similares: Eduardo Fernando Mendizabal Gálvez, en marzo, y Gleymer Renan Villeda y César Augusto Leiva Pimentel en diciembre. Todos fueron atacados por sicarios cuando manejaban sus vehículos. Hasta ahora, no ha habido avances en la investigación de ninguno de los casos pero no se descarta que hayan sido asesinados por su labor periodística. Estas cifras hablan de una degradación notoria en las condiciones en las que ejercen su labor los y las periodistas, que ya se evidenciaba con la creciente criminalización del trabajo informativo. En 2023, la persecución judicial fue la herramienta más utilizada para impedir la labor periodística: luego de un proceso plagado de irregularidades, fue condenado a prisión José Rubén Zamora, director y dueño del diario El Periódico. La misma fiscal a cargo de esta causa, Consuelo Porras, ordenó investigar a ocho periodistas del mismo medio por los artículos que escribían en relación al juicio contra Zamora.

Tras los conflictos sociales derivados de la crisis política en Perú, en los que se registraron numerosos ataques a la prensa, el gobierno intentó aprobar proyectos que criminalizaban el trabajo periodístico con aumentos de penas y sanciones, pero los mismos no lograron avanzar gracias a la lucha de organizaciones como la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Sin embargo, se siguen registrando numerosos intentos de judicialización de la labor informativa en todo el país.

Pedro Juan Caballero, la localidad más peligrosa del Paraguay para lxs periodistas, en 2023 volvió a ser escenario de un nuevo crimen contra un comunicador: Alexander Álvarez. A pesar de no haber avances significativos en la investigación como para confirmar el movil del crimen, por los antecedentes de esa región no se puede descartar que el trabajo periodístico sea el motivo detrás del asesinato del periodista. Además, en lo que va de 2024, el Sindicato de Periodistas del Paraguay ya denunció diversos intentos de criminalización del trabajo de periodistas por parte de figuras públicas vinculadas al partido de gobierno.

Honduras también integra la lista de países con casos fatales en 2023, tras el asesinato del periodista Francisco Ramírez Amador, quien se encontraba bajo el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia luego de haber sufrido un atentado contra su vida en mayo de 2023 y estaba a la espera de que se le otorgara asilo en otro país. Al momento del ataque, Ramírez Amador estaba acompañado por un agente encargado de su custodia que también resultó herido.

En Haití, la violencia estructural derivada de la profunda crisis política, humanitaria, social y económica nuevamente impactó en el trabajo de lxs periodistas. Las bandas criminales que hoy dominan gran parte del territorio y que hace menos de dos meses lograron la renuncia del primer ministro Ariel Henry, fueron responsables de secuestros de trabajadorxs de los medios y del asesinato en 2023 de Dumesky Kersaint. En muchos casos, estos crímenes no están directamente relacionados con el trabajo informativo, pero la exposición a la violencia que sufren lxs periodistas en Haití tiene un impacto directo en sus posibilidades de informar.

2023 para Ecuador fue complejo: en medio de un tenso clima electoral, las intimidaciones a periodistas crecieron y algunxs eligieron el exilio como medida para proteger sus vidas. El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial que previamente se desempeñaba como periodista, dejó en evidencia el crecimiento exponencial de los grupos armados vinculados al narcotráfico y la dominación territorial que han logrado en el último tiempo. Esto no se detuvo en 2024: apenas comenzado el año, bandas criminales tomaron las instalaciones de TC Televisión, amenazando a lxs trabajadorxs del medio y forzándolos a transmitir un mensaje.

En Argentina, el nuevo gobierno busca el cierre y privatización de los medios públicos, avanzada que inició con el cierre forzado e ilegal de las instalaciones de la histórica agencia de noticias Télam y la suspensión del servicio informativo. Además, en las protestas sociales convocadas para resistir la aprobación de un paquete de leyes que atenta contra la legislación laboral y el carácter público de los medios del Estado, lxs trabajadorxs de prensa fueron víctimas de agresiones intencionales por parte de las fuerzas de seguridad. Al menos una treintena de colegas sufrieron las violencia de la represión solo en una de las movilizaciones.

El régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele en El Salvador ha generado las condiciones necesarias para que los impedimentos a la labor periodística sean moneda corriente. En el proceso electoral de principios de este año, la Asociación de Periodistas de El Salvador registró más de 300 restricciones a la labor de lxs trabajadorxs de los medios de comunicación. Además, durante casi un año, el periodista Víctor Barahona permaneció detenido sin causa gracias a la suspensión de garantías constitucionales que establece el régimen de excepción.

La retórica violenta y estigmatizante contra la prensa, que en muchos países de la región es habitual, llegó también a un país que durante las últimas décadas fue considerado en los puestos más altos en materia de libertad de expresión: Costa Rica. Según ha denunciado el Sindicato Nacional de Periodistas, el presidente Rodrigo Cháves ha apelado a la lógica amigo-enemigo en su relación con los medios de comunicación, conducta que deteriora la relación de la prensa con las autoridades y dificulta el trabajo de aquellos medios que deciden exponer situaciones irregulares en el actual gobierno.

A pesar de la disminución en los asesinatos, las amenazas, la juidicalización de la labor informativa y la baja tasa de resolución de los casos son factores determinantes para que la violencia continúe en la región. Según un estudio de UNESCO que analiza el período 2006 - 2021, el 78% de los asesinatos de periodistas en América Latina y el Caribe se encuentran impunes. Estos números evidencian la precaria situación de seguridad que se padece a nivel continental y la necesidad de contar con instrumentos internacionales de protección que obliguen a los gobiernos a rendir cuentas y asumir responsabilidades.