Hacienda inició estudio de nueva Agencia para la Calidad de Políticas Públicas

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Con la participación del Ejecutivo, esta semana, la Comisión de Hacienda inició el estudio del proyecto (boletín 16799) por el cual se crea la Agencia para la Calidad de Políticas Públicas (ACPP).

Para su debate se contó, el martes 7, con la asistencia del ministro y subsecretaria de Hacienda, Mario Marcel y Heidi Berner, respectivamente. También asistieron el coordinador de Modernización del Estado, Rodrigo Lavanderos, y la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete. El miércoles, en tanto, se sumó a los anteriores el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Rodrigo Krell Loy.

La iniciativa, según la presentación del ministro, se inscribe dentro de las reformas proyectadas en el Pacto Fiscal. Estas buscan elevar la eficiencia y aumentar la transparencia, calidad de servicio y probidad en el ámbito público.

La propuesta viene a materializar un compromiso de sucesivas administraciones. Este pasaba por crear un servicio independiente que velara por la calidad, eficiencia, eficacia y coherencia regulatoria, construyendo sobre la institucionalidad vigente. Para esto se toma como base la actual CNEP (por su carácter técnico e independiente), que será absorbida por la nueva entidad y reforzada con nuevos equipos.

Sobre la Agencia

La ACPP tendrá un carácter técnico, con un cuerpo colegiado que permitirá dar continuidad en el tiempo a su trabajo. Tendrá como objetivo propender al impacto positivo de las iniciativas de política pública sobre la eficiencia y el bienestar. Velará, asimismo, por el uso eficiente de los recursos y el ejercicio de las facultades del Estado.

En particular, la ACPP tendrá a su cargo la evaluación de:

• Políticas públicas generales, con un foco en la eficacia para el logro de los objetivos declarados de estas.
• Programas públicos, desde la perspectiva de su formulación lógica, la consistencia de su diseño para el logro de resultados esperados y el balance de sus costos y beneficios sociales.
• Los costos y beneficios de regulaciones emitidas por la autoridad, incluyendo su interacción con otras regulaciones vigentes.

Para desarrollar su labor, la ACPP contará con un gobierno colegiado y personal técnico de excelencia. Ejecutarán sus funciones a través de su propio equipo profesional o contratando evaluaciones externas.

La ACPP propondrá estándares para evaluaciones desarrolladas por otros entes públicos. Para esto considerará la realidad y características particulares de la política pública evaluada, promoviendo la articulación interinstitucional.

Los resultados de sus evaluaciones serán públicos. Además, deberán alcanzar una escala suficiente para entregar información de calidad y oportuna para la toma de decisiones. La idea es permitir alimentar la formulación presupuestaria, pudiendo incluir consultas a usuarios potenciales o efectivos También deberán considerar la dimensión territorial de la política pública.

Funciones, estructura y costo

Dentro de las funciones de la ACPP estará la evaluación Ex-Post; impulsar buenas prácticas regulatorias y la evaluación de impacto regulatorio Ex-Ante; realizar recomendaciones sobre problemas públicos y productividad; y generar planes de mejora.

El Consejo de la Agencia estará conformado por la o el Presidente y cuatro consejeros/as. Lo encabezará el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad, atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. Durará tres años en su cargo, renovable por hasta dos veces.

El Presidente de la República designará a las y los consejeros de entre personas de destacada experiencia en la formulación y/o evaluación de políticas públicas o gestión pública, a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, con el voto favorable de cuatro quintos de sus miembros. Durarán cinco años en sus funciones, con posibilidad de renovarse su gestión de forma inmediata por un nuevo período consecutivo.

La Agencia tendrá una dotación de 39 funcionarios en régimen. 29 de ellos serán traspasados desde la Dipres y la CNEP. Otros diez se integrarán posteriormente.

El costo para el primer año será de 2.982 millones de pesos y, en régimen, baja a 2.928 millones de pesos. Sin embargo, considerando que se transferirán a la Agencia los recursos asociados al personal proveniente desde las instituciones mencionadas, el mayor gasto del proyecto será de 817 millones de pesos en régimen.

Consultas, sugerencias y acuerdos

El ánimo general de las y los diputados fue favorable hacia la iniciativa, aunque hubo diversas inquietudes planteadas. Así, por ejemplo, Gastón Von Mühlenbrock (UDI) inquirió sobre las causas que impidieron que esta materia prosperara en las administraciones de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Asimismo, reflexionó sobre si el personal asignado será suficiente para la tarea encomendada.

Dicho punto fue compartido por Ricardo Cifuentes (DC). Si bien celebró la iniciativa del Ejecutivo, estimó tremendamente ambicioso el plan de revisar cerca de 400 políticas públicas en cada periodo presidencial. Otras consultas fueron sobre las consultorías y la coordinación de los análisis con leyes como el Presupuesto de la Nación.

Miguel Mellado (RN) cuestionó que se siga ampliando el gasto público. Igualmente, pidió aclaraciones sobre el traspaso de funcionarios desde las instituciones mencionadas a la Agencia. Sobre el tema, el ministro Marcel aclaró que, en el caso de CNEP esta será absorbida por la nueva institución y que todo su personal pasará a ella. Respecto de la Dipres, el traspaso es de todo el equipo de evaluación de programas públicos.

Jaime Naranjo (PS) valoró que, finalmente se avance en este tema, tanto tiempo anhelado. En particular rescató que la nueva institucionalidad tenga un carácter netamente especializado y fortalecido. Al respecto, Boris Barrera (PC) solicitó que se explique cómo se comunica esta propuesta con otros proyectos relacionados ya en trámite.

Para Agustín Romero (PREP) y Sofía Cid (RN), es una buena oportunidad para tener una institucionalidad robusta en materia de evaluación. Sin embargo, expresaron preocupación porque las recomendaciones que la Agencia haga no sean consideradas finalmente y programas mal evaluados, finalmente, sigan manteniéndose en el tiempo. También se pidió contar con una visión local y regional.

Jaime Sáez (RD) consideró que es una gran oportunidad para Chile contar con esta Agencia. Recordó que un número importante de países de la OCDE cuentan con este tipo de institucionalidad. En este plano, llamó a realizar un estudio comparado para incorporar acá las mejores prácticas y experiencias de esos Estados.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Carlos Bianchi (IND), pidió aclaraciones sobre las consultorías externas que se realizarían, la forma de elección de los primeros consejeros y cuándo entraría en función la Agencia.

Por otro lado, logró el acuerdo del grupo parlamentario para definir un periodo de audiencias, en la próxima semana. Luego, en la semana subsiguiente, se comenzaría a sancionar el texto. Para facilitar tal tarea, se convocará a una mesa de trabajo paralela que acerque a acuerdos sobre los perfeccionamientos que se puedan realizar al articulado.